Las microempresas en la economía venezolana hoy. Potencialidades y necesidades de apoyo para su desarrollo (página 2)

Ahora bien, llegado a este punto, paso entonces a
señalar que el tema del apoyo a las microempresas,
no es posible abordarlo hoy como si el escenario principal de la
historia nacional
y la vida misma de los diversos actores sociales involucrados en
la economía popular y nacional, no haya
cambiado radicalmente en los últimos años.

Es la razón por la cual primeramente haré una
reflexión sobre el proceso
seguido a este respecto, no sólo para cumplir con un
requisito académico de contextualización formal o
intelectual, sino porque el proceso
histórico-político venezolano ha experimentado una
mutación crucial, al pasar -ciertamente de un siglo a otro
pero, fundamentalmente- de una Venezuela que
habiendo muerto sigue muriendo, a otra que apenas está
siendo parida y se resiste a nacer. Es la razón por la que
hoy nuestra patria se nos vislumbra de manera confusa e incierta
y de la cual no sabemos qué de nuevo y qué de viejo
tendrá mañana.

Pero el sólo propósito de revisitar el pasado
reciente -pues el más profundo nos llevaría a
objetivos que
no están planteados para esta ocasión- y remirarlo
con ojos de futuro, nos coloca en situación de producir
algún conocimiento
que, esperamos, nos permitirá asomar algunos comentarios
críticos que apunten a la definición de algunas
líneas de reflexión, las cuales podrían
nutrir tomas de decisiones de cada uno de los asistentes en estos
dos días de convivio.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA

El financiamiento
a los microempresarios populares en Venezuela, tiene antecedentes
que se remontan a los inicios mismos del régimen
político-económico
democráticorrepresentativo pospérejiminista que,
cuarenta años después, se desmorionó a causa
de las promesas no cumplidas por el proyecto
modernizador posgomecita y la democracia tal
cual se practicó en Venezuela entre 1958 y 1998.

En efecto, en 1959 se inauguró la línea de
crédito
a las iniciativas económicas de los
artesanos[1] y pequeños
industriales, con la creación de la Comisión
Nacional de Crédito al Artesanado y la Pequeña
Industria; sin
embargo, ya en 1961 ésta fue restructurada de forma tal
que las artesanías desaparecieron como objeto de
financiamiento, en tanto que la pequeña industria fue
articulada a la lógica
de la mediana industria; en consecuencia, aquella Comisión
pasó a ser denominada Comisión Nacional de
Financiamiento a la Pequeña y Mediana Industria.

Trece años después, en 1974, al influjo de los
primeros síntomas de crisis
inflacionaria y debido a su desfinanciamiento, dicha
Comisión fue clausurada por el gobierno de
Carlos Andrés Pérez y sustituida por lo que hoy
conocemos como Corporación para el Desarrollo de
la Pequeña y Mediana Industria o Corpoindustria (Milano,
1997:11-38).

A partir del mismo año de su creación,
ésta y la Fundación para el Desarrollo de la
Comunidad y
Desarrollo Municipal (Fundacomun) -creada años antes-,
comenzaron a ejecutar de manera descoordinada, entre otros
programas de
mayor relevancia sociopolítica y económica, sendas
líneas de microcrédito las cuales, al margen de
mecanismos de capacitación y asistencia técnica,
estuvieron dirigidas a las, en aquel entonces denominadas sin
pretensiones de teorización en Venezuela, organizaciones
económicas de base[2];
asimismo, fundamentadas en la teoría
de la marginalidad
(Quijano y Weffort, 1974; Lomnitz, 1975) y en la noción
ambigua del denominado sector informal urbano (Tokman y Klein,
1979; Barrantes, 1990).

Para 1987 y en coincidencia con el cierre del primer ciclo de
la mayor recesión que aún sufre Venezuela, dichos
programas estaban técnicamente desfinanciados; por esta
razón y por comprobada ineficiencia, corrupción y clientelismo fueron
clausurados en 1988 (Iranzo, 1989a y 1989b).

Valga la ocasión para destacar que, como contracara de
la historia oficial que hemos reseñado, en 1986 el Centro
al Servicio de la
Acción
Popular (Cesap) relanzó un proceso que venía siendo
sistematizado desde 1976 y formalizó la creación la
primera experiencia civil en el área del financiamiento de
microemprendimientos populares en Venezuela. En
1987 la Fundación Eugenio Mendoza también
formalizó la creación del segundo programa civil de
apoyo a la microempresa
popular, el cual venía operando desde el año
anterior. Dos proyectos
seminales de lo que hoy es el promisorio Banco de la
Gente, una creación de un grupo de
organización civil de desarrollo
social, un banco privado y organismos multilaterales.

En 1988, se creó el primer programa regional de
crédito a artesanos, dependiente de la gobernación
de Lara.

En mayo de 1987, en coincidencia con el inicio del breve
repunte económico de 1987-1988, el gobierno de Lusinchi
creó el Fondo de Cooperación y Financiamiento de
Empresas
Asociativas, más conocido como Foncofin (Iranzo, 1989c;
Barrantes, 1989, 1995 y 1997), una fundación civil sin
fines de lucro y con personería jurídica, adscrita
al Despacho ministerial de la Familia que
tuvo vida útil entre 1986-87 y 2000 cuando fue abosrbido
por el actual Ministerio de Salud y Desarrollo
Social.

Su creación se produjo como cristalización de
los lineamientos normativos del Sétimo Plan de la
Nación.
Según éste, el país requería de un
ente gubernamental que planificara y orientara programas de
crédito, capacitación, asistencia técnica,
transferencia tecnológica y fondos de garantía;
ello, a fin facilitar el desarrollo de las denominadas empresas
asociativas e informales urbanas y marginales, con especial
énfasis en las emprendidas por jóvenes y mujeres
que, según se establecía en los ámbitos
académicos y oficiales, estaban marginados o fuera del
proceso de revaloración del capital,
razón por la cual era necesario propiciar su
desmarginación y desinformalización,
mediante su reincorporación formal y expedita al sistema de
producción económica.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo del seis de mayo de 1987,
sus objetivos fueron los siguientes (Gaceta, 1987):

OBJETIVO GENERAL: "Promover, fomentar y dar asistencia,
técnica, financiera y legal para la formación y
desarrollo de pequeñas unidades de producción
operadas por familias de escasos recursos
económicos, a fin de generar empleo e
ingresos
apoyando especialmente a jóvenes y mujeres que se
encuentren en tal situación." OBJETIVOS
ESPECÍFICOS: "*) Desarrollar actividades de promoción y fomento de pequeñas
unidades de producción. *) Brindar el apoyo
técnico, financiero y legal necesario para el desarrollo
de pequeñas unidades de producción. *) Identificar
y evaluar las condiciones reales de acceso del programa
productivo de las familias de escasos recursos y dentro de
éste, prioritariamente de las mujeres y jóvenes
rurales y urbanos. *) Brindar apoyo para la formulación y
desarrollo de proyectos de carácter económico para el grupo
familiar. *) Promover acciones con
los sectores públicos y privados para el mejor
cumplimiento de los fines señalados."

No obstante la claridad de su misión y
objetivos, Foncofin no contó con los dispositivos
estratégicos y operativios de planificación, investigación, información y comunicación, control y
seguimiento, evaluación
y sistematización de experiencias que le hubieran
permitido ejercer dominio sobre sus
propias variables de
libertad.

Es la razón por la cual el arco temporal que va desde
su creación hasta su clausura en 2000, Foncofin estuvo
articulado a tres grupos de
poder
tecnopolítico constituidos heterogéneamente en
torno a tres
términos que, siendo más complementarios de la que
sus agentes estaban dispuestos a aceptar, fueron asumidos como
excluyentes: Economía Asociativa, Economía Popular
y Economía Solidaria (Minfon, 1884a, 1984b), a los cuales
debemos agregar hoy el término de Economía Social
acuñada por el actual gobierno de esta novel y promisoria
República Bolivariana de Venezuela.

A cada uno de estos términos correspondió una
propuesta programática, por cuyo medio se procuró
causar determinados impactos socioeconómicos en el modo y
calidad de
vida de los agrupamientos sociales objeto de sus respectivos
servicios.
Así, a Economía Asociativa correspondió el
Programa de Inserción del Joven y la Mujer de
Escasos Recursos al Proceso Productivo, que tuvo vida útil
durante los dos últimos años del gobierno de
Lusinchi; a Economía Popular se le dotó del
Programa de Apoyo a la Economía Popular, cuya vigencia
abarcó el segundo periodo gubernamental de Carlos
Andrés Pérez y el primer año del segundo
gobierno de Caldera; y a Economía Solidaria se le
transfirió el Programa de Fomento a la Economía
Solidaria, puesto en marcha a principios de
1995 y cuya vida útil se prolongó hasta mediados de
2000, año en que Foncofin fue clausurado por ineficiencia,
inoperancia y partidización.

Para 1998, Foncofin había suscrito unos ciento treinta
convenios con setenta y cuatro entidades: diez gobernaciones de
estado, cinco
alcaldías o fundaciones adscritas a éstas; siete
corporaciones de desarrollo regional, quince cooperativas
de primero y segundo grado, y treinta y siete organizaciones
civiles de desarrollo social las cuales financiaron y capacitaron
a individuos, grupos y comunidades en las áreas de la
producción a pequeña escala y del
consumo
popular en todo el territorio nacional.

Estas entidades originaron ciento dieciséis convenios
por un moto de Bs.1.557.539.234,45 entre 1992-1993 (Foncofin
1994), y entre 1995 y 1998 una suma menor a los mil quinientos
millones de bolívares (el resto de los doce mil millones
de presupuesto se
encontraban ganando intereses bancarios desde 1995).

No obstante las insuficiencias de la inversión social reseñada, Foncofin
benefició por vía delegada en cooperativas y
organizaciones civiles de desarrollo social, a cerca de quince
mil microempresarios(as) con préstamos a tasas del
mercado,
capacitado a cerca de treinta mil personas, generando
aproximadamente treinta mil empleos, y beneficiado a quinientos
cincuenta mil familias (dos millones y medio de personas
aproximadamente) a través de las Ferias de Consumo
Familiar y las Unidades de Compra al por mayor.

Como es fácilmente observable, estos logros resultan
pírricos si consideramos que para 1992 -cuando el
índice de informalidad alcanzaba el 39.6% de la población económicamente activa
(Ocei, 1992)- se requería invertir $1.076.499.000 (no
menos de setecientos mil millones de bolívares de 2001)
para atender una demanda
potencial proveniente de unos 388.294 microempresas que no
incluían ni buhoneros ni cuentapropias urbanos ni rurales
(López, 1992). Una suma que nueve años
después, cuando la mal llamada informalidad ha remontado
el 51% de la población económicamente activa y el
desempleo
abierto al 15% de la población económicamente
activa (Ocei, 2001), ha debido incrementarse abruptamente entre
NOVECIENTOS MIL MILLONES Y UN MILLÓN DE MILLONES DE
BOLÍVARES.

Nos damos cuenta, por lo tanto, que el estado
venezolano ha realizado una larga inversión inicial que
pudiéramos caracterizar como insuficiente y de muy alto
costo, en
especial si consideramos lo siguiente:

1.      
El total de créditos otorgados directamente por
Foncofin durante los cinco años que estuvo en
operación este tipo de ejecución, fue de quinientos
dieciséis, lo cual suma un promedio de OCHO
créditos por mes con una tasa de morosidad del 82%,
utilizando una nómina
de una treintena de empleados en 1987-1988 y alrededor de cien al
momento de la clausura de dicha línea (Barrantes, 1995;
1997).

2.      
El número total de convenios suscritos con las
organizaciones oficiales y civiles de desarrollo social entre
1990 y 1998 fue de ciento treinta, sea, un promedio de un
convenio firmado y una solicitud de convenio recibida por mes,
utilizando una nómina que osciló entre cien al
inicio del decenio y no menos de ciento cincuenta personas al
momento de su clausura.

Asimismo, podemos caracterizarla como ayuna de un pensamiento
estratégico de corto, mediano y largo plazo. Esto por
cuanto su tasa de retorno no puede ser ya visualizada, pero no
porque el Fondo haya sido clausurado sin que hasta hoy se sepa
que haya intervenido el Tribunal de Salvaguardia del Patrimonio
Nacional, si no, porque una evaluación tal tiene, al
menos, dos exigencias:

1.      
Voluntad política para
realizar estudios evaluativos sistemáticos,
metódicos y objetivos que sean orgánicos a la
política misma de apoyo a la Economía Popular.

2.      
Dicha inversión inicial (a la que habría que
agregarle la inversión en capital social, humano e
institucional) no es fácilmente cuantificable ni puede ser
reducible al simple rendimiento económico ni a la cantidad
de convenios firmados y créditos otorgados.

Y a este último respecto, queremos apuntar un dato
sobre el cual llamamos la atención en otros lugares (Barrantes, 1995;
1997), pero que hoy adquiere mayor relevancia, puesto que
está expresando una realidad que también ha
preocupado a muchas organizaciones civiles de desarrollo
social.

Es el hecho de que la acción crediticia de éstas
-realizada tanto con recursos del estado como privados y
multilaterales- viene mostrando una fuerte tendencia a reproducir
la trayectoria oblicua hacia arriba que siguió la
línea de crédito de Foncofin cuando su
ejecución directa estuvo en vigencia.

De acuerdo con nuestros estudios (Barrantes, 1995, 1997, 1998)
esta tendencia -que mediatiza el trabajo con
los agrupamientos microempresariales populares de más bajo
ingreso y capital cultural en cuyo nombre se crearon Foncofin y
las organizaciones civiles de desarrollo social-, consiste
básicamente, en venderle servicios de crédito,
capacitación y asistencia técnica a quienes tienen
capacidad de pago, es decir, al lomito de los amplios y
heterogéneos agrupamientos sociales que encarnan la
economía popular, más específicamente, a un
sector de clase
alta de los pobres y a un sector bajo y depauperado de la
clase media.

Es así que las autoridades de Foncofin aceptaron con
gran naturalidad que el 70% de las microempresas financiadas con
el presupuesto de la nación
dirigiera su producción a satisfacer necesidades de
empresas a gran escala por medio de la subcontratación y
el putting out system.

He aquí una pregunta crucial para los afanados
hacedores de políticas
civiles y estatales de la nueva República que está
naciendo: ¿Política de apoyo para qué tipo
de microempresarios(as) y para qué?, ¿queremos
–estado de derecho
y estado de justicia
mediante- que la plusvalía generada por la
inversión de la nación siga siendo transferida
masivamente a las grandes empresas y a los circuitos
globalizados y que el 30% o menos, gotee hacia abajo
alimentando marginalmente al capital social y humano de la
economía popular y de la sociedad
civil?.

Las respuestas que nos demos -ojalá en esta jornada de
intercambios- permitirá sincerar si de lo que se trata es
de potenciar de manera justa los circuitos de acumulación
del capital trasnacional, del nacional, de los sujetos que
encarnan la economía popular, de la sociedad
civil, del sistema
político, y del estado venezolano concebido
éste en su conjunto más inclusivo, o si por el
contrario, se va a beneficiar uno o algunos circuitos en
detrimento de otros tradicionalmente marginados y hoy
excluidos.

En fin, estos catorce años -para no hablar de los
treinta años anteriores- pueden ser considerados como
laborioso y desgastante, lento y pesado, enrevesado y doloroso
aprendizaje
para muchos de los actores involucrados en el apoyo a la
economía popular.

Y si realmente éste ha producido conocimientos y creado
capacidades y pensamientos político-estratégicos de
largo alcance, entonces éste debería ser la fuente
fundamental para que el estado venezolano -actualmente en proceso
de reconstitución integral no resuelta- pueda llegar a
constituirse, en algún momento, en potente rector de una
SOCIOECONOMÍA GEOPOLÍTICO-CULTURAL ORGÁNICA
DE ESTADO que los sujetos individuales y colectivos que encarnan
la economía popular, hoy readjetivada de social,
continúan demandando en su apoyo.

LO QUE NO HA SIDO…
¿PODRÁ SER?

Con base en el breve recorrido que realizamos en el apartado
anterior, podemos llamar la atención sobre lo que me
parece ser un desafío societal que, en mi opinión,
aún no ha sido asumido en todas sus consecuencias ni por
las organizaciones de desarrollo social ni por la sociedad civil,
ni por el sistema político ni por el estado. Este reto es
la forja de una promisoria macroesfera pública en donde
surja la política concebida como la construcción de mundos de vida (Barthes,
1982) mediante acciones-no acciones que no son reductibles a sus
causas ni previsibles en sus consecuencias  (Arendt citada
por Hilb, comp. 1994:1-29).33

En otras palabras, estamos hablando de un espacio en y a
través del cual se realice la síntesis
plural del interés
general o bien común y los intereses particulares y
corporativos; asimismo, cristalice el momento de la unidad en la
diversidad y el momento de la diversidad en la unidad. Una
inagotable mediación de todas las dimensiones o momentos
que configuran de manera concurrente a toda sociedad compleja: la
sociedad civil, el régimen político, el escenario
electoral, la nación y el estado, pero también
lo-económico, lo-social, lo-cultural, lo-político,
lo ideológico-simbólico, lo-imaginario, etc.

La construcción social o colectiva de lo público
que está pendiente en Venezuela, implica la
publificación de las esferas tanto del
estado-gobierno-aparatos centrales y decentralizados como de los
ámbitos empresariales, mercadistas, eclesiales y civiles
en general.

Se trata, pues, de una condición que entiendo en su
doble sentido: como sine qua non y como naturaleza
intrínseca de lo que provisoriamente estoy denominando una
SOCIOECONOMÍA GEOPOLÍTICO-CULTURAL ORGÁNICA
DE ESTADO para el desarrollo, relanzamiento, potenciación,
habilitación, facultamiento y posicionamiento
de los agrupamientos sociales que encarnan la economía
popular y, por ende, de la sociedad civil y del estado de derecho
y de justicia que están implicados.

Lo anterior nos remite a la necesidad de contar con una
sociedad civil que se vea encarnada por organizaciones
eticopolíticamente problematizadas -dentro de las cuales
contamos las organizaciones de desarrollo social-, cuyos
desideratos pudieran ser los siguientes:

1.    Habilitar redes públicas
formales e informales propias de la sociedad civil, del sistema
político, de la nación, del mercado y del
estado.

2.    Agregar valor a la
mancomunación de esfuerzos y a la traducción de necesidades en demandas
efectivas.

3.    Enriquecer la
producción de satisfactores de carencias y creadores de
aspiraciones y, por qué no, de sueños e
ilusiones.

La participación ciudadana dentro de un
contexto tal, nos parece, plantea tres condiciones de
habilitación individual y colectiva:

1.    Una cultura de la
participación y el compromiso en el control, seguimiento y
evaluación social, fraterna pero sin concesiones, del
funcionariado tanto público-estatal como
público-civil.

2.    Una ética de
la práctica social fundada en el ejercicio de deberes y
derechos
ciudadanos, que no se logran por el solo hecho de abrir canales
jurídicos propiciatorios.

3.    La autonomía
política, administrativa y económica tanto de los
aparatos oficiales como civiles, y fundamentalmente la
dotación del deseo y la voluntad de ir al encuentro,
aquéllos, de la sociedad civil y de éstos, del
estado.

Mientras la esfera de lo público no sea asumida como
una tarea de todos los venezolanos, el número de convenios
que el estado suscriba con las organizaciones de desarrollo
social para ejecutar programas (sociales, ecológicos,
políticos, financieros…) no significará, en modo
alguno, avances efectivos en la democratización de las
relaciones del estado con la sociedad y sus propias instituciones.

BIBLIOGRAFÍA

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QUIJANO, Aníbal; WEFFORT, Francisco (1973): Populismo,
Marginalización y Dependencia. Editorial EDUCA, San
José.

Autor:

César A. Barrantes A.

Trabajador social, profesor
investigador de grado y posgrado de la Universidad Central de
Venezuela, profesor invitado de la Universidad del Zulia,
consultor social, planificador social, analista de
política social. Autor de una diversidad de investigaciones
sobre economía popular, organizaciones civiles de
desarrollo social, microempresas populares y otros temas,
publicados en revistas académicas de Costa Rica, Chile,
Venezuela y España.
Presidente de la Red Latinoamericana y
Caribeña de Trabajadores Sociales.

[1] Utilizando el sentido
más reciente, las artesanías son las microempresas
estrechamente vinculadas a la producción
básicamente familiar de valores
culturales, artísticos, folclóricos, comunitarios e
identitarios de tipo fundamentalmente indígena y campesino pero
también popular urbano y semiurbano. Para la época
que nos ocupa, las artesanías eran ya parte de las
actividades de los sujetos de la marginalidad e informalidad.

[2] Dentro de estas
organizaciones de base, se incluían de manera
inespecífica las artesanías, cuya especificidad fue
diluida dentro de las actividades informales y marginales. En
otros países (Barrantes, 1990) se denominan,
organizaciones económicas populares (Chile desde los `80)
empresas comunitarias (Colombia, Costa
Rica desde los `70), organizaciones sociales de barrio
(Perú), organizaciones solidarias de desempleados
(Brasil),
nuevas sociedades de
fomento (Argentina), y empresas asociativas (Costa Rica desde
mediados de los `70 y Venezuela desde mediados de los `80). Hace
varios lustros fueron estudiadas en Centroamérica (Santos
de Morais 1978) y desde hace varios años en América
del Sur, especialmente por la Conferencia
Episcopal de Chile y el Programa de Economía del Trabajo
(Pet) de la Academia de Humanismo
Cristiano de este mismo país, en especial por Razetto
(1983; 1984; 1985; 1988) y Hardy (1987; 1986; 1985).